A raíz de las investigaciones realizadas en el marco del caso Villarejo y su contratación por varias de las más grandes empresas del panorama económico español, se ha dado a conocer la responsabilidad compartida por cliente y profesional en el caso de la contratación de investigaciones privadas, sin que estas se hagan a través de detectives privados establecidos.     Más allá del hecho del dudoso hecho de que estas empresas contrataran a Villarejo por su condición de funcionario y con acceso a informaciones restringidas, cabe preguntarse: ¿Cómo puede el cliente medio acreditar la legalidad del detective privado al que va a contratar?

      Los detectives privados acreditan su condición mediante la tarjeta de identidad profesional (TIP) emitida por el Ministerio del Interior, y que será mostrada por el profesional a petición del cliente. Los despachos de detectives deberán también exhibir el número de inscripción en el llamado Registro Nacional de Seguridad Privada, y que acreditará que el despacho cumple con todos los requisitos que la legalidad exige para el ejercicio de la profesión de detective privado. 

 

   No se trata de una cuestión baladí: Probablemente a un cliente particular no se pueda exigir un conocimiento tan profundo como a las empresas imputadas a de la contratación de Villarejo, todas ellas con enormes departamentos jurídicos y asesorías legales, pero la peor de las noticias para el cliente despistado sería que la no verificación del detective contratado y la consecuente falta de legalidad pudiera invalidar las pruebas obtenidas de cara a un proceso judicial, o aún peor, que estas se volvieran en su contra. 

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